El desafío que enfrentamos
es de falta de oportunidades
El ritmo de crecimiento económico de El Salvador, Guatemala y Honduras (Países del Triángulo Norte de
Centroamérica) ha sido bajo y no ha permitido generar un cambio sustancial en la oferta de oportunidades de
progreso para una población predominantemente joven y que está en aumento. Es así como este crecimiento
no inclusivo, la falta de oportunidades y el desbordamiento de la violencia e inseguridad se han convertido en
los principales motores de la emigración de nuestros países.
El triángulo norte de Centroamérica presenta los índices económicos, sociales, institucionales y de violencia más preocupantes del subcontinente latinoamericano. La escalada de homicidios en El Salvador durante los últimos dos años, le ha convertido en el país más violento de América Latina, superando incluso a Venezuela; Honduras se ubica en tercer lugar; y Guatemala, a pesar que ha experimentado una reducción significativa en los índices de homicidios en los últimos siete años, se ubica como el quinto país más violento de la región.
Luego de los procesos de ajuste de la década de los ochenta, Centroamérica inició una etapa de pacificación regional y liberalización comercial tendiente a integrarla en su esfera geográfica 'natural' (América del Norte). Los esfuerzos de integración extrarregional avanzaron con el perfeccionamiento del arancel externo común, la ampliación de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y la formalización de los tratados de libre comercio entre los países centroamericanos y México. Los objetivos anunciados de estos tratados de libre comercio plantean aumentar el crecimiento económico de Centroamérica, aún poco dinámico en la década pasada, a través del desempeño exportador y la atracción de la inversión extranjera directa. No obstante, la evidencia empírica que se desprende de los tratados que ya han entrado en vigor (Costa Rica-México en 1995 y Nicaragua-México en 1998) muestra que el intercambio comercial entre los países centroamericanos y México es aún muy reducido en términos relativos e indica una clara tendencia hacia la concentración de las empresas exportadoras y en los productos exportados. Esto denota un hecho obvio: estos tratados de libre comercio tienen escaso efecto en el desempeño del socio comercial principal, pero inciden en la composición de la oferta de los países centroamericanos. En este sentido, generan ganadores y perdedores. De manera más precisa, tienen un costo económico en términos de desempleo y posible desplazamiento de empresas y actividades productivas.
Estos costos deben tenerse en consideración conjuntamente con los beneficios para poder así diagnosticar la eficiencia y optimalidad de la apertura comercial. Los resultados empíricos establecidos y la necesidad de reconocer los beneficios y costos asociados a los acuerdos comerciales obligan a realizar el análisis prospectivo del tratado comercial entre el Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México, suscrito en el 2000 y que entró en vigor durante el primer semestre de 2001. Este tratado ha generado grandes expectativas en determinados sectores de las poblaciones de los países que comprenden el Triángulo del Norte, a la vez que ha creado temores ligados a la desaparición de las pequeñas y microempresas que no estarían en condiciones de competir con México con el consiguiente deterioro de sectores productivos clave. El desafío de los tratados de libre comercio y de la apertura comercial en general, así como de cualquier reforma que modifique determinados patrones de conducta, consiste en mostrar que sus beneficios son superiores a sus costos con el fin de legitimarlos ante la sociedad. A su vez, esto significa no sólo medirlos en términos de resultados económicos tales como el aumento del volumen de comercio y la atracción de flujos de inversión extranjera directa. También implica reconocer los costos asociados y poder generar mecanismos que permitan trasladar parte de los beneficios de los ganadores a los perdedores, sentando las bases para delinear políticas de transición de mediano y largo plazo que eviten las ganancias y pérdidas excesivas de los agentes económicos afectados por los cambios de rumbo en la política económica. Este documento analiza el tratado de libre comercio entre el Triángulo del Norte y México, centrándose en la normativa comercial del tratado, la evidencia empírica que se desprende de los tratados de libre comercio México-Costa Rica y México-Nicaragua, y el grado de competitividad que evidencian las exportaciones del Triángulo del Norte hacia México.
La violencia en El Salvador ha desbordado la capacidad de las autoridades, lo que les ha llevado a declararle la guerra a las maras, utilizando para ello, un grupo élite de su ejército. A pesar de contar con solo 6.3 millones de habitantes, en el año 2015 se reportaron 6,650 muertes violentas en este país; lo que implica una tasa de 103 homicidios por cada cien mil habitantes, más de diez veces el límite crítico establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Por su parte, Honduras experimentó una grave crisis institucional en el año 2015; pero a diferencia de lo ocurrido en Guatemala, los señalamientos de corrupción contra el gobierno central no lograron la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. A inicios de este año, se firmó el acuerdo para que opere una institución similar a la CICIG en este país vecino, pero existen dudas sobre su efectividad, ya que depende de la OEA y no de la ONU, como en el caso de Guatemala.
Los países del triángulo norte de Centroamérica tienen en común gobiernos sumamente débiles, susceptibles de ser penetrados por el crimen organizado y por estructuras de corrupción. En estos países, el Estado está ausente en gran parte de su territorio, incluídas sus fronteras, lo que les convierte en tierra fértil para la operación del narcotráfico y el crimen internacional.
La grave situación y el abandono que han vivido por décadas los habitantes deGuatemala, Honduras y El Salvador, ha provocado un éxodo masivo hacia Estados Unidos. Las personas han tenido que dejar a sus familias y sus escasas pertenencias, por buscar mejores oportunidades en otro país. Ni siquiera la instauración de la democracia y el fin de las guerras internas, lograron cambiar el drama que continúan viviendo los habitantes de esta pequeña región.
En los últimos años, los países del triángulo norte de Centroamérica (TNCA), Honduras, Guatemala y El Salvador, experimentan fenómenos de violencia perpetrados
por grupos armados como maras, pandillas, crimen organizado o narcotraficantes y
algunos miembros del Estado, que se han visto agravados especialmente a partir de
las políticas de guerra contra las drogas en México (2006). Esto resultó en una alteración de las rutas de narcotráfico y de los equilibrios de poder existentes entre grupos delincuenciales del TNCA y en un aumento de la presencia y uso de armas de
fuego de distinto calibre. Otros factores contribuyentes incluyen las políticas de
mano dura represivas e ineficaces, las deportaciones de criminales de EEUU de las
últimas décadas, el golpe de Estado en Honduras en el 2009, además de las condiciones de iniquidad y desigualdad que existen en la zona. El período entre el 2009 y
el 2011 fue particularmente violento y aunque la situación parece haberse suavizado
ligeramente en los últimos años en Guatemala y El Salvador, los niveles homicidas
siguen siendo de los más altos del mundo superando a zonas con conflictos armados, especialmente en Honduras que ocupa el primer lugar del ranking mundial.
(PNUD 2013, UNODC 2012).
El narcotráfico, las maras, los poderes ilícitos y grupos clandestinos son expresiones
del crimen organizado que han adoptado estrategias de violencia heredadas del
conflicto, con fines de acumulación de beneficios y de garantizar la impunidad. Las
drogas, detonante de la prevalencia de violencia y armas3
en la región continúan
alimentando el círculo vicioso de la violencia, y contribuyendo a la ola de delincuencia en las zonas fronterizas, a lo largo de corredores del narcotráfico y en las zonas
urbanas donde las maras y pandillas están involucradas en el narcomenudeo
(UNODC TOCTA 2012).
Este monopolio fragmentado de la violencia en una de las regiones con mayor nivel
de iniquidad del mundo, unido a altos índices de corrupción; a la falta de acceso a la
justicia y a la penetración de la delincuencia y el crimen organizado en múltiples
estructuras militares, políticas y sociales, permeabilidad de las fronteras; contribuyen a agudizar las carencias estructurales y la ausencia (o incapacidad) de los Estados de responder de forma eficaz y adecuada a las demandas básicas de salud,
educación, protección, y justicia que sufren las víctimas de esta espiral desenfrenada de violencia.
Los altos niveles de corrupción e impunidad contribuyen a aumentar la desconfianza
hacia las instituciones del Estado, lo cual explica el enorme sub-registro en la denuncia de crímenes que existen en la región. Este sub-registro dificulta enormemente los cálculos de magnitud e intensidad del impacto humanitario de OSV, especialmente aquellos impactos más “invisibles” como el desplazamiento forzado, desapariciones, las extorsiones, etc. (REDALYC 2011).
Los actores armados organizados diversifican sus actividades económicas legales e
ilegales lucrativas delictivas (narcotráfico, prostitución, robo, extorsión, trata de personas, lavado de activos, coerción, tráfico de armas, etc.).
Geografía de la violencia
La geografía de la violencia del TNCA tiene sus puntos cardinales en a) el narcotráfico, debido a su posicionamiento estratégico en una de las intersecciones más concurridas de la ruta a Estados Unidos; b) el tráfico de armas (incluidas las de alto
calibre); c) los enfrentamientos por control territorial entre grupos organizados y/o de
éstos con el Estado; d) el desplazamiento forzado interno y transfronterizo, estrategia usada por miles de personas diariamente, algunas de los cuales tienen necesidad de protección (especialmente las personas más vulnerables y desprotegidas,
víctimas de tráfico y o de la trata de personas).
Esta violencia letal y criminal prevalece sobre todo en zonas urbanas, transfronterizas, y en la costa atlántica o del Pacífico, normalmente zonas apropiadas por el
crimen organizado, con presencia de pandillas o maras que operan en conjunto con
los carteles de la droga, usando las masacres, asesinatos, extorsiones y sicariato
como formas de control territorial a través de las amenazas y violencia.
Fraudes Electorales de 1972-1977
El Gral. Arturo Armando Molina gana la presidencia en 1972 bajo las acusaciones de haber realizado fraude electoral.
Las elecciones electorales del 20 de febrero de 1972 se realizaron con la participación del candidato demócrata cristiano José Napoleón Duarte, su candidatura fue por medio de la conciliación de la Unión Nacional Opositora (UNO). El otro candidato perteneciente al partido Conciliación Nacional (PCN) era el coronel Arturo Armando Molina quien fuera el ganador de las elecciones y, asumió la presidencia el uno de julio de 1972.
La Unión Nacional Opositora presentó reiteradas denuncias sobre un fraude masivo en la votación y el escrutinio. Las autoridades electorales ignoraron las denuncias y declararon presidente electo al Coronel Arturo Armando Molina
El 25 de marzo de 1972, un grupo de militares dirigidos por el Coronel Benjamín Mejía intentaron realizar un golpe de estado en protesta por el “fraude electoral”, pero el intento fue repelido por las fuerzas leales al gobierno. Tras el fracaso de este movimiento cívico militar, el y otros líderes opositores tuvieron que exiliarse.
El secuestro y posterior asesinato de Ernesto Regalado Dueñas ocurrió el 11 de febrero de 1971 por una organización clandestina denominada “El Grupo”; el día 19 del mismo mes, se encontró el cadáver abandonado en la Calle a San Antonio-Abad.
El 11 de febrero de 1971 una célula armada conocida como “El Grupo” intercepto ha Regalado Dueñas mientras se conducía a su oficina por la mañana. Los hechores le exigieron que se bajara de su carro y que se subiera a otro auto a punta de pistola. Más tarde, la familia de Dueñas encuentra dentro de la guantera de su vehículo abandonado, una nota donde se le exigía la cantidad de un millón de dólares por el rescate. La familia de Regalado Dueñas avisa a las autoridades del secuestro de Ernesto para que empiecen las investigaciones, y El Grupo, ejecuta el asesinato de Regalado Dueñas. Días más tarde se encuentra el cadáver abandonado en la Calle a San Antonio-Abad, el 19 de octubre del mismo año, el cuerpo estaba tirado a la orilla de la calle, este tenía los ojos vendados con cinta adhesiva, estaba atado de pies y manos y tenía dos balazos mortales en la cabeza.
Cinco años después del hecho, en 1976, el Ejército Revolucionario del Pueblo de El Salvador ERP, que en su origen fue “El Grupo” admitió en uno de sus documentos oficiales la responsabilidad en el secuestro y la ejecución del magnate, aunque fuera de ese reconocimiento puntual y breve no dio mayores explicaciones. A pesar de eso, aquél crimen nunca se esclareció por completo. Por el contrario, el caso generó muchas dudas y graves sospechas que aún en la actualidad no se han disipado.
El 31 de octubre de 1970 el mayor Roberto D’Aubuisson pide su baja en el ejército para incursionar en el ámbito político, ello le impulsa a crear el Frente Amplio Nacional (FAN) como un movimiento político que busco defender los interés cívicos y patriotas del país.
El Mayor D’Aubuisson al momento de pedir su baja en el ejército, llevó consigo parte de los archivos de ANSESAL. Buscó contactos con movimientos políticos de derecha que compartían su visión, como el Movimiento Nacionalista Salvadoreño. A ellos se unieron, luego, personas del Movimiento Pro Paz y Trabajo, el Frente Femenino y los agricultores de oriente, lo que terminaría en la conformación de un nuevo movimiento llamado Frente Amplio Nacional FAN.
Para contrarrestar el apoyo a los grupos de izquierda, D’Aubuisson empezó a crear una “organización cívica” de nivel nacional, que apoyara políticamente a la Fuerzas Armadas y aumentara la capacidad de la inteligencia militar. Sus bases fueron compuestas por asociaciones de la empresa privada, tales como cafetaleros, ganaderos y ejecutivos jóvenes; además, el Frente de Mujeres y una organización de jóvenes llamada el Movimiento Nacionalista Salvadoreño (MNS).
El FAN pretendía restituir la Constitución de 1964 y frenar las reformas que ya habían empezado a ejecutar los militares golpistas. El FAN comienza a emitir comunicados por televisión y radio presentando varios mensajes políticos.
El Frente Amplio Nacional (FAN), posteriormente, se convirtió en parte de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el partido político de derecha más grande de El Salvador.
Algunos meses antes de las elecciones de marzo de 1982, la metamorfosis del FAN hacia ARENA se había cumplido. ARENA emergió como un nuevo partido político salvadoreño. Su lema era “el Partido de la Salvación Nacional”.
El Frente Amplio Nacional fue acusado de ser un movimiento paramilitar dirigido por D´Aubuisson, de ejecutar acciones clandestinas y de cometer asesinatos, pero las acusaciones no presentaron pruebas concretas que probaran esas acusaciones.
El largo periodo de regímenes militares en El Salvador llegó a su fin el 15 de octubre de 1979. El ciclo se había iniciado en 1930 con un golpe de Estado a un presidente civil elegido por el voto popular. Desde entonces, se sucedieron golpes militares, elecciones no competitivas y fraudes electorales. La imposibilidad de acceder al gobierno mediante elecciones libres y llevar a cabo reformas económicas que mejoraran las condiciones de vida de la mayoría de la población salvadoreña –especialmente la rural– contribuyó a la radicalización de un sector de la sociedad. Desde principios de la década de 1970, comenzaron a surgir organizaciones político-militares que desafiaron a los gobiernos de turno hasta alcanzar su punto más alto en 1979, cuando triunfó la Revolución Sandinista en Nicaragua. El incremento de la represión gubernamental a todo tipo de oposición luego de dos sonados fraudes en las elecciones presidenciales de 1972 y 1977, junto con la pérdida de apoyo internacional del gobierno, creó las condiciones para el fortalecimiento de las fuerzas guerrilleras. El golpe de Estado de 1979 fue la solución encontrada por las Fuerzas Armadas para intentar detener un avance revolucionario. El apoyo de Estados Unidos a esta opción fue vital, aunque nadie podía imaginar la larga duración del conflicto armado que estaba a punto de estallar.
Desde aquel momento, cinco organizaciones guerrilleras aunaron esfuerzos y buscaron coordinar sus acciones para enfrentar a las sucesivas juntas cívico-militares. Así, en octubre de 1980 se anunció la creación del FMLN. El 10 de enero de 1981, este proclamó su «ofensiva final» contra el gobierno salvadoreño y su plan de terminar en pocas semanas con un régimen que en los últimos 50 años solo había favorecido a la oligarquía.
Pero, naturalmente, después de lo ocurrido en Nicaragua el gobierno estadounidense no se iba a quedar de brazos cruzados. Centroamérica siempre fue considerada el patio trasero de EEUU: aunque no es una región importante desde el punto de vista económico, sí es relevante en términos geopolíticos. En este marco, y pese a que la Casa Blanca estaba bajo control demócrata, la ayuda económica y militar al gobierno salvadoreño frente a la ofensiva armada no se hizo esperar. En 1981, Ronald Reagan profundizó su respaldo. Sin embargo, para evitar aparecer ante la opinión pública internacional ayudando a un régimen acusado de violaciones a los derechos humanos, Washington impulsó la integración de una junta cívico-militar en El Salvador, que incluía a líderes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), principal fuerza de oposición en las décadas de 1960 y 1970.
Con semejante apoyo, el FMLN no fue capaz de vencer al ejército salvadoreño durante su proclamada ofensiva, que de «final» fue convertida en «general». Desde enero de 1981 hasta enero de 1992, El Salvador vivió el más cruento conflicto armado de su historia. Nadie se imaginó, a principios de los 80, que duraría tantos años. En ese contexto bélico se realizaron varias elecciones. En 1982 se eligió una Asamblea Constituyente. Dos años después se votó al primer presidente civil en 51 años: José Napoleón Duarte, del PDC. Un año después se eligió una Asamblea Legislativa con mayoría del partido de gobierno. Sin embargo, esas elecciones y las que siguieron hasta las de 1991 no pueden ser catalogadas de libres ni de competitivas, debido al contexto de enfrentamiento militar que impedía el sufragio en varias zonas del país y la proscripción de los partidos de izquierda.
Mirando el proceso histórico desde la perspectiva de hoy, lo que realmente ocurrió en El Salvador entre 1979 y 1992 fue una transición política cuyas características más notables eran el conflicto armado interno y la realización de elecciones. Poco a poco, se fue generando una liberalización política. En los comicios presidenciales de 1989 participaron, por primera vez, algunos partidos de centroizquierda. Se impuso, sin embargo, el derechista Arena, la fuerza que gobierna el país desde aquel entonces. No obstante, el conflicto armado persistía, y en noviembre de ese año el FMLN lanzó una nueva ofensiva sobre las principales ciudades del país, incluida la capital.
El Salvador de la década de los años 60 vio desarrollarse un proceso de apertura política que generó espacios para la expresión de los descontentos populares y, en general, para la búsqueda de escenarios para el diálogo y la participación. Si bien se trató siempre de espacios limitados y condicionados al respeto de los intereses de la oligarquía, fue suficiente para el comienzo de un intenso proceso de organización de los movimientos populares, largamente esperado. Éstos vieron en esta apertura, por primera vez en la historia, la posibilidad de expresarse.
La siguiente década, sin embargo, vio cerrarse estos espacios que tantas expectativas había generado y abierto tan amplios horizontes. La oligarquía no podía ver con buenos ojos un proceso que llevase al cuestionamiento de sus intereses. Los gobiernos militares, fieles guardianes de los intereses de la oligarquía, dieron marcha atrás en este proceso que ellos mismo habían iniciado. La ya larga serie de amaños de los procesos democráticos como los fraudes electorales en las elecciones presidenciales de 1972 y 1977- y de manipulación de los espacios políticos aumentó notablemente, y la represión, ahora selectiva, cobró expresiones inusitadas, como quedó demostrado en la ocupación, en 1972, de la Universidad de El Salvador, la única universidad nacional del país, por las fuerzas de seguridad del estado.
El fin de la frágil bonanza económica de la década de los años 60, que sólo llegó a una minoría de la población y de lo cual el desmoronamiento del Mercado Común Centroamericano fue sólo una expresión visible, llevó a una creciente efervescencia social. Las huelgas de los trabajadores de la educación agrupados en ANDES, las protestas de un estudiantado universitario que comenzaba a radicalizarse y la proliferación de las organizaciones populares, especialmente entre los campesinos, y su progresiva organización, provocaron la inquietud en la oligarquía, que fue trasladada a los altos mandos del ejército que detentaban el poder político. Esto llevó a un debate arduo en el seno de los distintos sectores del ejército.
En su interior, una tendencia más cercana a las reformas paulatinas que atendiesen las necesidades de las mayorías y fuese capaz de dialogar con la oposición, despertó el rechazo de la oligarquía. Esta tendencia se enfrentó con un sector partidario de hacer frente a la efervescencia popular por medio de la radicalización de la represión. El general José Alberto Medrano representaba a estos últimos, mientras que el coronel Arturo Armando Molina a los primeros.
Por primera vez en su historia, las fuerzas armadas reflejaban un profundo debate interno que se traslucía hacia afuera de la institución. La intervención del presidente saliente, general Fidel Sánchez Hernández, que ostentaba el prestigio que le brindaba la corriente de nacionalismo exacerbado por la guerra de 1969 con Honduras, definió la cuestión a favor del coronel Molina. La oligarquía se mostró recelosa ante esta situación. Las elecciones presidenciales de 1972 representaban una oportunidad única para los distintos sectores de la oposición: enfrentar al poderoso aparato estatal en un escenario electoral, donde ya se entreveían posibilidades de ganar las elecciones. La Unión Nacional Opositora (UNO) estuvo conformada por partidos políticos estructurados y movimientos de masas, donde confluía una gran diversidad de tendencias políticas que abarcaban un espectro político importante. La UNO estaba conformada por dos movimientos de masas, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN); y por dos partidos políticos con una estructura partidaria afianzada.
Por un lado, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), que comenzaba un profundo debate interno: un sector dirigente había apoyado al gobierno militar en la guerra contra Honduras, mientras que la disidencia optaba por la lucha armada como único medio para tomar el poder político, desde el cual debería imponerse la revolución social. Por otra parte, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), una vez vencida la oposición interna de los grupos conservadores ligados a Napoleón Duarte, reacios a una alianza con el Partido Comunista.
Pesaban siempre en el horizonte político las experiencias de Cuba Fidel Castro y de Chile
de Salvador Allende. En 1972 la UNO enfrentó al oficialista Partido de Conciliación Nacional (PCN): por primera vez, el triunfo oficialista no aparecía claro. La oposición se presentaba como una fuerza unificada por primera vez, donde confluían una gran diversidad de tendencias y modos de concebir la cuestión política. El oficialismo, por su parte, contaba con todo el aparato estatal y la presión de la oligarquía, que veía peligrar quizá por primera vez el sistema que protegía sus intereses. El temor oficial se concretó en amenazas, intimidaciones, atentados y agudización de la represión: urnas de plástico transparente, control de las
elecciones por parte del ejército y una agresiva campaña en la prensa escrita fueron algunas de las formas de intimidación. Las elecciones fueron ganadas claramente por la UNO pero el estado llevó a cabo un fraude clamoroso. Hubo protestas generalizadas por parte de los
movimientos populares. Un intento de golpe de estado por parte de un sector demócrata y joven de oficiales del ejército no encontró apoyo popular y fue abortado. La reacción de las fuerzas armadas se verificó en un aumento de la represión. Uno de los protagonistas de esos tiempos califica el fraude como fraude burdo y masivo que debía evitar el fin de la dictadura militar, acelerando un proceso que desembocaría en la cruenta guerra civil.
Para las fuerzas armadas, las elecciones representaron el comienzo de un profundo debate interno. Por primera vez en su historia se dejaron entrever disensos internos, y por primera vez se replantearon en su seno diversas opciones. Una corriente reformista y democrática fue cobrando cuerpo, si bien todavía no estaba preparada para una demostración de fuerza. Habrá que esperar todavía 8 años, hasta el golpe del año 1979. Por primera vez, también,
las fuerzas armadas veían tambalear el sistema que ellas mismas habían contribuido a crear, y en el cual se encontraban cómodas: sabían con precisión cuál era su función.
El año 1972 representó para las fuerzas armadas una oportunidad histórica: tomar partido por las mayorías. Estaban dadas las condiciones para ello: su apoyo a la UNO y la negativa a acompañar el fraude electoral hubieran significado el triunfo de un sistema en el cual no sabían cuál sería su papel, pero que abría grandes expectativas. La presencia en la UNO del Partido Demócrata Cristiano otorgaba visos indiscutibles de legalidad democrática al proceso. Un supuesto apoyo de las fuerzas armadas a la UNO no podría haber sido cuestionado por
ninguna de las fuerzas políticas. Sin embargo, su cobardía les impidió tomar partido por un cambio radical del sistema. La izquierda más radical, que ya en 1972 comenzaba a optar por la vía revolucionaria como la única opción para la transformación del país, vio las propuestas de la UNO como un intento que favorecía a las minorías que detentaban el poder político y económico y, en el fondo, como un intento de ‘cambiar algo para que todo siga igual’, y tildó de ‘adormecedores de conciencias’ a quienes lideraban las propuestas y favorecían la vía de las elecciones como forma de llegar al poder, desde el cual se impondría una sociedad sin marginados y un nuevo reparto de la riqueza.. La reacción de las fuerzas armadas se concretó en un aumento de la represión contra los miembros de las fuerzas opositoras para desmantelar su organización. En julio de 1972, el nuevo presidente, coronel Arturo Armando Molina, ordenó la intervención de las fuerzas armadas en la Universidad de El Salvador (UES), con gran despliegue de fuerzas, por ser ‘un nido de comunistas’: las autoridades
llegadas a la UES en 1970, producto de la creciente radicalización estudiantil, habían modificado los programas de formación académica haciéndolos más cercanos a la realidad nacional y a la problemática social. El rector de la UES fue expulsado del país y hubo 800 personas presas.
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