La conflictividad sociopolítica Desde mediados de la década de los cuarenta hasta el estallido de la guerra civil y su finalización, el proceso histórico salvadoreño estuvo atravesado por fuertes tensiones entre los actores sociopolíticos y económicos del país. En repetidas ocasiones, esas tensiones se tradujeron en crisis sociopolíticas marcadas por la confrontación entre aquellos que daban vida a las lógicas contradictorias: las clases medias, cuyos miembros más lúcidos estudiantes, profesores, empleados asumían y daban expresión al malestar de la sociedad ante los diversos tipos de exclusión de que eran objeto; los sectores populares que, a través de organizaciones campesinas y sindicales, demandaban el respeto a sus derechos humanos básicos; el estamento militar, en cuyo seno pervivían orientaciones diversas y hasta encontradas acerca del modo de cómo enfrentar el malestar de la sociedad con la coacción o la apertura institucional y los grupos de poder económico -primero los cafetaleros, luego los algodoneros y cañeros, y después los industriales y banqueros, cuyo principal interés era garantizar su riqueza y que veían con temor no sólo las movilizaciones sociales, sino las pretensiones de reforma social abanderadas por los militares jóvenes. En los años setenta, al hacerse presentes las organizaciones campesinas, las tensiones sociales y políticas se agudizaron, dando pie a un ambiente de efervescencia social nunca antes visto en la historia reciente de El Salvador.
Las organizaciones populares y los sectores más radicales de las clases medias optaron por la lucha armada revolucionaria; el estamento militar endureció sus posturas y se volvió más excluyente; y los grupos de poder económico no sólo clamaron por medidas de fuerza contra quienes cuestionaban su poder y riquezas, sino que ellos mismos asumieron actitudes militantes -por ejemplo con el Frente de Agricultores para la Región Oriental (FARO) o auspiciando grupos paramilitares- para enfrentar a las organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles y de maestros. El desenlace de esta acumulación de conflictos irresueltos, malestar social, marginalidad, radicalismo político y autoritarismo militar fue la guerra civil que abatió al país a lo largo de la década de los ochenta y que culminó con la firma de los acuerdos de paz en enero de 1992, los cuales fueron concebidos con el propósito no sólo de terminar la guerra, sino de establecer las bases para que las tensiones que alimentaron el proceso político de El Salvador, a lo largo del siglo XX, comenzaran a ser superadas. Golpes de Estado y poder militar (1944-1979) En 1944, el general Maximiliano Hernández Martínez dejó el gobierno. Con su salida, El Salvador comenzó lo que parecía ser una nueva etapa en su vida política: la fase -atravesada por continuos golpes de Estado- de la lucha partidaria por la gestión del Estado. Esta fase coincidió con los inicios del protagonismo económico de la burguesía industrial, el cual se frustró en forma dramática con el fracaso del proyecto sustitutivo de importaciones plasmado en el Mercado Común Centroamericano (MERCOMUN), mismo que se quebró definitivamente cuando estalló la guerra entre El Salvador y Honduras en 1969.
• El movimiento popular -actor fundamental en el triunfo de la huelga de brazos caídos- se aglutinó en torno a la figura del líder populista Arturo Romero y el Partido Unión Democrática (PUD) del que Romero era el líder y se preparó para el proceso electoral, convocado por la Junta de Gobierno formada tras la renuncia de Hernández Martínez, mientras que la oligarquía y los grupos sociales más conservadores se agruparon en torno al Partido Agrario (PA). El Partido Comunista de El Salvador (PCS), principal fuerza política durante el levantamiento campesino de 1932, no tenía mucho que ofrecer en estas circunstancias dada su debilidad organizativa y la escasa base social con la que contaba. Diversas circunstancias llevaron a la salida del General Hernández Martínez del poder; una vez que ello se produjo, se iniciaron el en el país una secuencia de golpes de Estado, tal como a continuación se expone. Separado Hernández Martínez del poder, todo estaba listo en el país para dar paso al juego democrático. Sin embargo, la fuerza del movimiento popular había crecido tanto que los grupos de poder económico especialmente los vinculados a la producción de café-, en alianza con un grupo de militares, realizaron un golpe de Estado, el 21 de octubre de 1944, con el propósito de desarticular la organización popular. La junta de gobierno que dirigía al Estado en ese momento encabezada por el general Andrés Ignacio Menéndez- se empeñaba por lograr un proceso pacífico de transición hacia un régimen democrático en El Salvador y bajo circunstancias muy difíciles. Es así como un grupo de militares decide, el 21 de octubre de 1944, hacerse del poder estatal, siendo el líder del movimiento golpista, el director general de la Policía Nacional (PN), coronel Osmín Aguirre y Salinas. Con Aguirre y Salinas se inauguró una modalidad de "juego electoral" en el que la oposición política no tendría posibilidades reales de acceder al poder, ya que el partido en el gobierno utilizaría los recursos del Estado para asegurar el triunfo del candidato oficial por lo general un militar que sería, a su vez, el candidato de la oligarquía. Aguirre y Salinas intentó controlar a los grupos opositores, cuyas principales figuras eran Miguel Tomás Molina y Arturo Romero, los cuales dieron vida al "romerismo", un movimiento de lucha por las libertades cívicas que logró aglutinar a los principales grupos opositores al militarismo. Además, Aguirre y Salinas hizo todo para controlar el movimiento sindical aglutinado en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Después de gobernar con mano dura durante casi cinco meses, convocó a elecciones para presidente, encargándose de que la victoria del candidato de la élite cafetalera, el general Salvador Castaneda Castro, fuese segura. La sucesión de, Castaneda Castro, en 1948, dio lugar a una nueva crisis política. Este pretendía reelegirse, con lo cual generó malestar e inconformidad en las filas del ejército, en sectores importantes de la burguesía industrial con una visión desarrollista y en los sectores populares que exigían reformas democráticas. Este proceso trajo como resultado la llamada "revolución del 48", misma que dio lugar a la conformación de un "Consejo de Gobierno Revolucionario", cuya finalidad declarada era restaurar la institucionalidad perturbada por Castaneda Castro. El Consejo de Gobierno Revolucionario preparó unas elecciones en las que salió electo, en septiembre de 1950, el coronel Osear Osorio, candidato del nuevo partido oficial, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD). Los golpes de Estado de 1960-1961. Oscar Osorio fue sustituido, en los comicios presidenciales de 1956, por el candidato del PRUD, coronel José María Lemus, quien fue derrocado el 26 de octubre de 1960 por medio de un nuevo golpe de Estado en el que participan diversos sectores de la vida nacional, desde representantes de izquierda hasta importantes fracciones de la burguesía. El gobierno de Lemus se inició con una profundización de las reformas iniciadas con Osorio, llegando incluso a permitir el ingreso al país de todos los exiliados y prometiendo el respeto a los derechos individuales y colectivos. Ante las movilizaciones de los sindicatos, estudiantes y diversos sectores de la clase media, el gobierno de Lemus comenzó a endurecerse: disolvió por la fuerza las concentraciones populares, asaltó la Universidad Nacional y decretó el Estado de sitio. Es en este marco que emergió el Frente Nacional de Orientación Cívica formado por partidos políticos de centro y de izquierda, asociaciones estudiantiles y sindicatos que preparó y ejecutó el golpe de Estado del 26 de octubre de 1960. Tras el triunfo del movimiento golpista, se instaló una Junta de Gobierno formada por tres civiles y tres militares, que se mantuvo en el poder desde esa fecha hasta el 6 de febrero de 1961. Las pretensiones de esta Junta eran "restablecer la legalidad y promover un proceso democrático y constitucional, que desembocaría en un evento electoral libre". El proyecto se frustró cuando la misma fue derrocada, el 6 de febrero de 1961, por un nuevo golpe de Estado que desembocó en la instauración de un Directorio Militar. Este Directorio estuvo fuertemente influenciado por Estados Unidos, por lo cual pronto comenzó a poner en práctica una serie de reformas económicas y sociales nacionalización del Banco Central de Reserva (BCR), leyes de protección a los campesinos, rebaja en los alquileres de las viviendas populares con que Estados Unidos pretendía neutralizar la influencia de la revolución cubana en el continente. En 1962, el Directorio Militar permitió la toma del poder, a través de un proceso electoral, del candidato del Partido de Conciliación Nacional (PCN) -fundado en septiembre de 1961, coronel Julio Adalberto Rivera, quien hizo de la proclama del 6 de febrero de 1961 su programa de gobierno. Rivera fue relevado del cargo en 1967, tras haberse desempeñado en su cargo durante un período de 5 años, por el general Fidel Sánchez Hernández, que gobernó hasta 1972. En las elecciones de este año triunfó el coronel Arturo Armando Molina, quien, tras cumplir su período de mando en el ejecutivo, dejó el poder en manos del general Carlos Humberto Romero, en 1977. En un ambiente sociopolítico sumamente violento, el gobierno de Romero se vio abruptamente interrumpido el 15 de octubre de 1979, cuando un grupo de militares jóvenes, encabezados por el coronel Amoldo Majano y el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, promovieron un golpe de Estado e instalaron una Junta Revolucionaria de Gobierno. El golpe de Estado de 1979 fue el último de la larga serie de golpes de Estado que marcaron la vida política de El Salvador en el siglo XX. En 1979 se cerró una fase de la historia política de El Salvador y se abrió otra, la cual estuvo marcada por la emergencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), como principal polo de oposición frente al Estado y por el estallido de una guerra civil en la que justamente se confrontaron el proyecto insurgente y el proyecto gubernamental. En definitiva, en 1948, los militares salvadoreños intentaron impulsar un nuevo modelo de dominación política y económica centrado en una serie de reformas socioeconómicas, la modernización estatal y la coacción. Los militares no pudieron caer en la cuenta de que la operación del sector cafetalero no estaba indisolublemente ligada a la oligarquía por una especie de hechizo histórico irrompible. Desde 1948 hasta 1979, los militares fueron incapaces de tomar conciencia sobre las necesidades sociales, políticas y económicas del país y de que éstas, a su vez, exigían no sólo reformas estructurales, sino también de una apertura política que sólo podía hacerse efectiva con el apoyo del estamento militar. No valoraron adecuadamente el poder político y económico de los grupos productores-exportadores de café, a partir del cual éstos podían impedir cualquier tipo de reforma. Los militares pudieron haber jugado un papel crucial en este proceso, tal y como lo hicieron en otros países de América Latina, pero en El Salvador no lo hicieron. En cambio, durante las tres décadas siguientes, los militares controlaron la sociedad sin llegar a dominarla. La pretensión de los militares de propiciar una cierta industrialización, así como una legislación que protegiera mínimamente los derechos de los trabajadores el reformismo militar dejó intacta la sociedad salvadoreña. Los gobiernos militares no fueron oligárquicos, pero sí beneficiaban a la oligarquía; todos esos gobiernos fueron dictaduras militares; no se permitió nunca que las instituciones republicanas prosperaran ni siquiera que operaran por algún período considerable. La violencia sociopolítica en la década de 1970 En la década de los años setenta se generó en el país una situación de intensa conflictividad social y política, la cual estuvo directamente vinculada no sólo con el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares -obreros, campesinos, vendedoras de mercados, habitantes de tugurios, sino con la exclusión política de la que hicieron gala los gobiernos del coronel Arturo Armando Malina y el general Carlos Humberto Romero, quienes llegaron al poder tras sendos fraudes electorales, en 1972 y 1977, respectivamente. En estos dos acontecimientos políticos, tuvo un papel protagónico la Unión Nacional Opositora (UNO), integrada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN). En las elecciones de 1977, la UNO participó con el coronel Ernesto Claramout y nuevamente fue víctima de un fraude electoral que llevó al poder al candidato del PCN, el general Carlos Humberto Romero. Fue en esta coyuntura que nacieron las "Ligas Populares 28 de febrero", una organización popular que, junto al Bloque Popular Revolucionario (BPR), el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), el Movimiento de Liberación Popular (MLP) y la UDN, va a ocupar un lugar protagónico en el proceso sociopolítico de los años setenta. La Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), fundada en 1969 como una asociación de ligas campesinas, resurgió en Aguilares a mediados de los setenta como la más fuerte organización campesina, mientras que en Usulután y Chalatenango se fundó la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), que, nacida del trabajo pastoral, pronto derivó su accionar hacia el terreno político. Ambas organizaciones entraron en contacto en 1975 y se articularon en la Federación de Trabajadores del Campo (FTC), la organización campesina más fuerte que ha conocido la historia del país. El 5, de agosto de 1975 nació el Bloque Popular Revolucionario (BPR), como un frente popular de masas, que buscaba asegurar al movimiento popular con miras más amplias y un aporte teórico más sólido, pero enraizado en las masas campesinas, prestas a desfilar por las calles de San Salvador, conscientes de su fuerza y con la idea de que se podía nadar contra la corriente cuando el río era todavía pequeño, pero que nadie podía lograrlo si éste se volvía poderoso. FECCAS-UTC se perfilaron como organizaciones revolucionarias, lo cual se tradujo en una combatividad creciente que se sumó al accionar político-reivindicativo que el Bloque Popular Revolucionario (BPR) desarrollaba en diversas zonas del país, sobre todo en la capital. Entre 1975 y 1979, el movimiento popular salvadoreño cobró un nuevo impulso y nuevas perspectivas al sumarse a las actividades del BPR, el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), fundado en 1974; las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), fundadas en 1977; y el Movimiento de Liberación Popular (MLP), constituido en 1979. A lo largo de este período, el movimiento popular organizado se convirtió en un actor fundamental de la dinámica social y política en El Salvador.
• A medida que se acrecentaron las movilizaciones y acciones de hecho de las organizaciones populares que se expresaron en movilizaciones de calle, toma de locales públicos e iglesias, así como por tomas de propiedades agrícolas, la represión gubernamental se agudizó. Paralelamente al crecimiento y consolidación del movimiento popular, se fortaleció otro grupo de actores presentes en el quehacer sociopolítico de los años setenta: las organizaciones político-militares. Estas organizaciones, formadas por miembros radicalizados de las clases medias especialmente por estudiantes y profesores universitarios, que en cierto modo dieron continuidad al papel protagónico de los sectores medios desde la caída del general Maximiliano Hernández Martínez- y, en menor medida, por líderes sindicales, no sólo multiplicaron sus acciones militares -secuestros de empresarios, hombres de negocios y diplomáticos, ataques a puestos militares, quemas de vehículos automotores, sino que dieron inicio a un proceso de acercamiento a las organizaciones populares, de las cuales comenzaron a reclutar a nuevos cuadros guerrilleros. Los grupos político-militares no sólo hicieron eco de las ideas de cambio social difundidas a partir de la revolución cubana de 1959 rompiendo, así, con el acomodamiento sociopolítico del PCS, que básicamente se había resignado a participar en el juego electoral-, sino que justificaron su irrupción apelando tanto a la pobreza crítica en que vivían la mayor parte de salvadoreños como a la exclusión política de la que hacían gala los gobiernos militares. En El Salvador entre 1970 y 1980 maduraron una serie de condiciones que hicieron factible la vinculación entre el movimiento guerrillero, conformado por las organizaciones Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Resistencia Nacional (RN), Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), en todas las cuales la inspiración ideológica era el marxismo-leninismo y el objetivo fundamental la toma del poder político del Estado a través de la lucha armada, y el movimiento popular organizado. Al cierre de la década de los ochenta, cada organización guerrillera había establecido nexos con un "frente de masas" determinado. Así, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) se vincularon con el BPR, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) lo hizo con las LP-28, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) con el FAPU y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) con el MLP. Por su parte, la organización guerrillera del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), redefinieron sus relaciones con la Unión Democrática Nacionalista (UDN) que, de partido político, se convirtió en un frente de masas.
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